La historia es de extensa disquisición.
Majid Mohavedí, iraní de veintinueve años, arrojó ácido a la cara de Ameneh Bahramí, iraní de treinta y dos, produciéndole graves lesiones faciales y la pérdida absoluta de visión de su ojo izquierdo. Los hechos se remontan a 2004, cuando la víctima hubo rechazado las innumerables propuestas de matrimonio que su agresor, con la ferviente violencia del enfermo, le suplicaba que aceptase. “Le arrojé ácido por amor. Ella tenía pensado casarse con otro hombre, de modo que si le quemaba la cara, su amante la abandonaría”. Esta madrugada estaba previsto el cumplimiento de la Ley de las Ghesas (o ley de tailón), vigente en Irán, según la cual el agresor o culpable de un delito merece el mismo castigo que perpetró. Ameneh Bahramí, que debía ser ella misma quien realizara la represalia desde su cama de hospital, estaba preparada para arrojar doce gotas de ácido sulfúrico a los ojos de su agresor (condena impuesta acordada), cuando repentinamente le otorgó el perdón. “Llevó siete años luchando para conseguir esta condenada, pero hoy he decidido perdonarle. No quiero venganza, solo una compensación. Quiero evitar que otras chicas sufran lo mismo que yo”. La víctima pide una compensación de 150.000€ para tratar sus lesiones. La defensa, por su parte, alega que el condenado solo dispone de una propiedad. ¿De dónde obtendrá todo ese dinero? Y, de una solución justa, decidida por la principal implicada –ella, la víctima- surge un nuevo problema. La imposibilidad. Porque no es venganza; es justicia.
El caso abre el viejo contencioso de occidente: ojo por ojo, diente por diente. Se ha podido divergir intensamente, al menos desde finales del XX, en Estados Unidos con su pena capital, se ha opinado, criticado y abolido. Silla eléctrica, inyección letal, cámara de gas, lapidación… Antes se estilaba el garrote vil y el empalamiento. Intelectuales, informadores y el pueblo en general se cuestionan la ética y moral de esta práctica. ¿Es lícita?; ¿debe realmente aplicarse?; ¿debemos permitirlo?; ¿debemos quejarnos? Son muchos los casos sonados en que, tras la ejecución, se ha logrado atestiguar la inocencia del procesado: los italianos en América, el turista con posesión de drogas de la India, el asesino americano que no mató a nadie. Y, sin embargo, una rápida ojeada a un mapa global con los países que todavía contemplan la pena de muerte, bastaría para que más de uno se sorprendiera. Igualmente con la opinión social: todas las regiones continentales, excepto América latina y Europa Occidental, tienden hacia la aceptación de la aplicación capital.
No hace mucho, en China, se aplicó esta condena a dos vicealcaldes de X e Y localidades que, siendo solo ellos mano ejecutora, se apropiaron de dinero de las arcas públicas y asistieron al asiduo cohecho español. Jaque.
Pero regresemos al caso que ocupa este artículo: ¿qué hacer con el autor confeso de los hechos? Mohavedí actuó deliberadamente y en su sano juicio. Lo confiesa, y tanto la víctima, como los jueces, como lectores y escritor lo sabemos. ¿Qué hacer? Por un lado, Amnistía Internacional, a favor de los derechos humanos, se interpuso a favor del agresor aludiendo la inhumanidad y crueldad del castigo. Por otro lado, la presión que sintió la víctima con tanto revuelo, su ceguera y su desgracia.
Lo paradójico es que no estamos ante un problema de justicia (ella de sus cuatro virtudes cardinales), sino de sociedad, de moralidad, de ética y de juicio. La justicia inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. ¿Qué le corresponde a Majid Mohavedí?: ¿ácido en los ojos?, ¿libertad con cargos?, ¿cadena perpetua?
¡Por supuesto! Todo sería mucho más sencillo con la inexistencia del crimen. Pero como éste es el pan eterno de la historia, jamás dejaremos de tragarlo. Definitivamente, el ácido se congrega en los ojos de la sociedad.
